El día Miércoles 20 de marzo se realizó un encuentro sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, en la ADEF (Asociación de Empleados de Farmacia), convocado por la Fundación Promoción Humana, la Comisión de Derechos Humanos de la Corriente Federal de Trabajadores y FOCO (Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos). Fueron expositores Jorge Carpio de FOCO, Andrés López Cabello y Edurne Cárdenas del CELS y Ruben Gilardi de la Fundación Promoción Humana y participaron responsables de las direcciones y secretarias de Derechos Humanos de distintos sindicatos

Se analizó el contexto económico, político e ideológico actual que sin duda ha favorecido al aumento de poder de estas empresas, confiriéndoles un poder sin precedentes en la historia, habilitándolas a generar   graves y masivas violaciones de derechos humanos, violaciones que compiten con las causadas por los Estados y que a menudo tienen relación con ellas, convirtiéndose en un estado cómplice.

Otro de los temas expuestos en la reunión estuvo relacionado con los graves daños a la ecología y al medio ambiente en función de sus actividades extractivas y depredadoras, la intromisión en la política interna de los países conspirando contra la democracia y/o contra gobiernos progresistas, la evasión   de impuestos el tráfico de influencias y la compran a políticos, tecnócratas y funcionarios

Además, se analizó el grado de violencia con que actúan estas empresas ya que en la última década se han producido más de mil asesinatos de defensores de la tierra, donde el homicidio de la hondureña Berta Cáceres no es más que el reflejo de una alarmante situación a la que se enfrentan indígenas y activistas que tratan de proteger sus tierras frente a intereses económicos y políticos de las empresas transnacionales

Sobre los aspectos jurídicos se comentó la existencia de una densa red de tratados internacionales multilaterales y bilaterales de carácter económico, comercial y financiero han conformado una una complicada arquitectura jurídica , que impone un cambio de paradigma en materia jurídica  que da como resultante que  los derechos de las mayorías sociales quedan en manos de la buena (o mala) voluntad empresarial, mientras que los derechos de las transnacionales se protegen en los tribunales internacionales de arbitraje montados para favorecer su accionar.

Frente a este panorama adquiere particular importancia la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, que se desarrolla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a cargo del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta creado por iniciativa de Ecuador y Sudáfrica, el 26 de junio de 2014. En el evento se informó sobre los inconvenientes que imponen los delegados de los países sede de las transnacionales y los avances que se obtienen gracias a las actividades de más de quinientas organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, de los parlamentarios europeos y el Vaticano que apoyan activamente la iniciativa que ha recibido aportes de las organizaciones de la sociedad civil a lo largo de todo el proceso

Finalmente se planteó la necesidad de apoyar este proceso iniciado en Naciones Unidas alentando la activa participación del sindicalismo y las organizaciones sociales para difundir e informar sobre la importancia impulsar la creación de este instrumento vinculante para regular las actividades de las empresas en relación a los derechos humanos. Con esa intención se propuso la convocatoria para la organización de una comisión o comité de trabajo   para coordinar y fortalecer las actividades de las organizaciones sociales y sindicales en el seguimiento y control de las relaciones entre las empresas y los derechos humanos, utilizando  la legislación nacional relativa a estos temas a igual que  del derecho internacional de los derechos humanos o de los instrumentos del sistema de Naciones Unidas y la OCDE que pueden ser utilizados por las organizaciones para la defensa de los derechos sociales, laborales y/o ambientales.  En esa misma línea apoyar a la elaboración de la legislación internacional vinculante, que haga frente a los abusos de derechos humanos por parte de las corporaciones transnacionales y otras empresas.