La historia de los pueblos demuestra la necesidad permanente de establecer normas y contratos sociales que permitan la vida en comunidad, con apego a los marcos de códigos o constituciones de cada etapa histórica y las leyes emergentes de las obligaciones y derechos de las personas.

Desde los tiempos inmemoriales de la antigua Mesopotamia, el Código de Hammurabi ya consignaba estas necesidades primarias del ejercicio de convivencia, sin olvidar su aporte a la preservación de la salud desde entonces, en un carrillismo anticipado. Pero como la historia la escribe Occidente, es Aristóteles y su influencia quien refiere que cada constitución representa el tiempo político de las mayorías populares en cada etapa institucional, lo cual demuele la consigna liberal de que las constituciones son intangibles, inmodificables, pétreas, en su afán colonizador.

La democracia es una organización social y política de sólo 200 años plenos, en la cual se han organizado los pueblos de acuerdo a sus propias culturas, dando respuestas parlamentarias, con monarquías tutelares, confesionales, con votación obligatoria u optativas, con partidos únicos de representaciones sectoriales, etc. Pero todas conformadas según los mecanismos de expresión de los pueblos hacia un funcionamiento social acordado.

Desde esta descripción podemos penetrar en nuestra propia experiencia democrática, desarrollada en un marco de lucha política a partir del triunfo de Caseros, victoria lograda con el apoyo del ejército brasileño y conducida por Rosas que fue expulsado del poder en esas circunstancias. Pocos años después, en 1853, se establece esa Constitución Nacional supuestamente inmodificable que nos acompaña, con modificaciones no muy estructurales, hasta nuestros días, con excepción de la Constitución de 1949 durante el peronismo, que inauguraba una etapa de derechos consagrados en términos democráticos, y que fue derogada por el golpe del 55, llevado a cabo a sangre, fuego y muerte.

Antes de ese episodio, en 1930, cuando la Corte Suprema avaló en golpe cívico-militar contra Irigoyen, la decadencia de las instituciones sólo pudo ser reparada por la irrupción protagónica del Estado popular del peronismo. Después siguieron los factores de poder, reemplazando la voluntad de los pueblos expresada en elecciones, con golpismo, dictaduras, desapariciones, proscripciones de las mayorías populares y manipulaciones mediáticas, con colonizaciones económicas y cercenamiento de derechos consagrados, avalados por un Estado al servicio del poder concentrado, hasta 1983.

Pero esta etapa democrática, la más larga en la historia del país, se inauguró bajo el paraguas del Consenso de Washington que impuso el mercado como ordenador social y el Plan Brady como método de endeudamiento y apropiación de los recursos naturales de los países latinoamericanos. Nuestro país no fue excepción a esta imposición, hasta que la reparación de identidad y memoria, implementada por Néstor y Cristina, y la creación del UNASUR, junto a Lula y Chávez, cambió el rumbo hacia un Estado al servicio de los intereses populares.

Pero el imperio se movilizó en pos de recuperar sus espacios perdidos y no tuvo reparos en avasallar, una vez más con la colaboración de sus aliados internos en cada país, los mecanismos institucionales de cada colonización en un ataque combinado por los medios hegemónicos, en general tributarios de los fondos buitres de inversión, la justicia cooptada y corrupta, y la agitación mediática del lawfare, que permitió ir desplazando a los gobiernos populares, perseguir a sus líderes, instalar en la conciencia colectiva de los pueblos supuestas corrupciones como excusas para ocultar los saqueos organizados de los Estados, con gobiernos neoliberales saludados como líderes de las instituciones.

Entonces, una democracia flexible para el poder y cooptada por intereses sectoriales es una pálida expresión, aun cuando el voto mayoritario es ejercido, como en nuestro país cuando un gobierno popular asume, que se le entregan los atributos formales pero se les niega el ejercicio del poder, ya que el edificio colonial se basa en sujeciones institucionales destinadas a impedir que se desmonten los privilegios conseguidos por el poder concentrado, en especial el económico-financiero que lubrica el funcionamiento corrupto del ejército burocrático colonial que cuida sus intereses, desde la justicia hasta el parlamento, bloqueando cualquier iniciativa que tienda a debilitarlo.

Para no extendernos en el tiempo, analizaremos los 20 meses de funcionamiento, en donde hasta las decisiones del Senado de restituir dos jueces a sus ámbitos naturales fueron impedidas por la Corte, al igual que las políticas sanitarias, al rechazar los decretos de necesidad y urgencia en medio de una guerra pandémica que provocó miles de muertos.

Entonces nos preguntamos: ¿qué democracia estamos transitando si los derechos conquistados son conculcados, las instituciones funcionan de espaldas a los intereses del pueblo, y la presión mediática es suficiente para el linchamiento social, con una justicia que avala y persigue, manipula y encierra a quienes se oponen al orden constituido? Todos son elementos de debilitamiento democrático que llevan al desborde, promovidos por los dueños del poder cuando el caos es funcional a sus intereses. 

De allí surge el odio que lleva a la violencia y que, finalmente, desemboca en situaciones descontroladas en donde el poder siempre está mejor posicionado en la defensa de sus intereses.

Por esa razón la inteligencia debe superar la fuerza de la colonización, ya que la debilidad del poder se expresa en la construcción del relato único, de escasa profundidad y generalmente con titulares diarios de un solo objetivo: ocupar el espacio simbólico del pueblo con consignas acotadas y verdades escondidas. 

Pero la conciencia y la realidad del pueblo no pueden sustituirse con proclamas de supuestas moralidades que jerarquizan a los ladrones profesionales del saqueo y condenan a la marginalidad social que ellos mismos provocan, en la exclusión y desamparo de las mayorías trabajadoras y humildes de nuestra patria. 

La democracia es, entonces, una construcción moderna que ha sido cooptada por los factores de poder, sustituyendo la voluntad organizada del pueblo por manejos oscuros, nunca visibles, que como titiriteros manejan personajes públicos imbuidos de halos de protección mediática desde una construcción marketinera.

Si esta descripción es cierta, nos debemos un debate en el marco del pueblo, una militancia que reestructure las instituciones, y que empodere la comunidad organizada constitucionalmente protegida en una expresión de democratizar el poder y humanizar la política. Esto sólo puede darse a partir de una nueva constitución que recupere los instrumentos básicos de la soberanía nacional, la consolidación de los derechos sociales, y fortalezca la planificación estratégica del país en ciencia y tecnología. 

Porque, aunque nos quieran hacer creer que somos subdesarrollados y periféricos, no somos ni una cosa ni la otra, somos un pueblo que avanza en la construcción permanente de su identidad y refuerza su memoria de patria-matria latinoamericana. 

Como decía Rodolfo Walsh: “Las verdades dichas a destiempo llevan a las vanguardias a ser patrullas perdidas”. Bajo esa idea se dará la recuperación plena de la democracia popular en los próximos 70 años de peronismo, en su expresión de movimiento nacional y popular. A quienes no son peronistas les expresamos que el peronismo filosófico, escrito en sus formatos ideológicos, políticos y doctrinarios, siguen dando respuestas a las demandas de hoy. 

La dimensión del pensamiento americano, mestizo, moreno, criollo y profundo es una expresión de paz y solidaridad al mundo, que universaliza su filosofía biocéntrica de construcción y vertebra en la naturaleza y los seres humanos el modelo social y productivo, en este momento en el cual la humanidad está en peligro por múltiples factores (desde el calentamiento global al hambre de millones de seres humanos por desertización de la tierra y agresión de los agrotóxicos).

Entonces, ante la realidad de una democracia debilitada e imperfecta debemos proponernos una democracia popular que recree las instituciones del país al calor de la voluntad popular, que en las elecciones deberá decidir entre dos modelos. No es una grieta, es una concepción de país y de integración latinoamericana con justicia social, soberanía política e independencia económica, frente al modelo colonizador y dependiente que pugna por la entrega del país desde el fondo de la historia relatada por Mitre.

JORGE RACHID
PRIMERO LA PATRIA
www.lapatriaestaprimero.org
CABA, 28 de julio de 2021